¿Qué es un McKenzie Friend?
Si alguna vez has traducido documentos legales del Reino Unido, puede que te hayas topado con un término curioso: McKenzie Friend. A primera vista, puede sonar más a alguien amigable que a una figura jurídica. Pero, en realidad, es un concepto muy concreto dentro del sistema judicial británico, con más de medio siglo de historia y mucha controversia a sus espaldas.
El origen: un divorcio que cambió las reglas
El origen del término se remonta al caso Mckenzie contra McKenzie (1970), un procedimiento de divorcio en el que el demandante, sin medios para contratar a un abogado, acudió a la vista acompañado de un amigo australiano que era asesor legal de formación, pero que no tenía derecho a ejercer en Inglaterra. El tribunal, en un primer momento, no permitió que este le acompañara en la sala. Sin embargo, el demandante apeló la decisión y el caso llegó a la Corte de Apelaciones, que acabó dándole la razón. A partir de entonces, se reconoció el derecho de toda persona que se representa a sí misma a recibir asistencia de un tercero durante el juicio, siempre que ese tercero no actúe como representante legal.
Así nació la figura del Mckenzie Friend, una persona que asiste al litigante: le ayuda a organizar documentos, tomar notas, o mantener la calma en un entorno que, para la mayoría, puede ser intimidante.
De apoyo puntual a necesidad
Durante años, los McKenzie Friends fueron amigos o familiares que ofrecían ayuda desinteresada. Pero la situación cambió con los recortes a la Legal Aid —la asistencia jurídica gratuita— en 2013. Muchas personas que antes habrían tenido un abogado ahora se vieron obligadas a litigar por sí mismas. Y aunque ese litigant in person podría estar solo, cada vez era más frecuente que acudieran acompañadas de un Mckenzie Friend para orientarse y recibir apoyo.
La profesionalización informal y sus riesgos
No obstante, con el paso del tiempo, el perfil de estos acompañantes cambió. Algunos comenzaron a ofrecer sus servicios de manera profesional y a cobrar por ello, anunciándose en internet como «expertos en derecho de familia», «asesores legales independientes» o «alternativas asequibles a un abogado». El problema es que no existe ninguna regulación clara sobre quién puede ejercer esta función, ni sobre qué formación debe tener, ni mucho menos sobre cuánto puede cobrar o qué responsabilidades asume.
Esto ha generado un fuerte debate en el ámbito jurídico. Mientras algunos defienden la existencia de los McKenzie Friends como una herramienta de acceso a la justicia —especialmente en tiempos de recortes en la asistencia jurídica gratuita—, otros advierten del riesgo que supone permitir que personas sin titulación ni supervisión profesional puedan intervenir, aunque sea de forma limitada, en procesos judiciales. Hay casos documentados en los que litigantes han recibido consejos erróneos, han visto perjudicado su caso o incluso han sufrido un aumento del conflicto debido a la actuación imprudente o interesada de un McKenzie Friend. Un ejemplo es el caso de Martin Williamson: un McKenzie Friend «profesional» que fue condenado a tres años de prisión por cobrar miles de libras a clientes desesperados prometiendo gestiones que nunca hacía y falsificar documentos e informes.
La propuesta de reforma: un cambio de nombre y de regulación
Ante esta situación, el Ministerio de Justicia ha propuesto una reforma para regular esta figura. Uno de los cambios más llamativos es la intención de sustituir el término McKenzie Friend por otro más claro y descriptivo: Court Support Companion (Compañero de Apoyo Judicial). La nueva denominación busca evitar confusiones sobre su papel real y dejar claro que se trata de una figura de acompañamiento, no de representación. Pero el cambio no es únicamente terminológico: la propuesta incluye la posibilidad de regular de forma más estricta quién puede ejercer esta función, en qué condiciones, y con qué responsabilidades legales.
Entre las medidas que se están considerando, destacan la creación de un registro oficial de Court Support Companions, el establecimiento de requisitos mínimos de formación o experiencia, la limitación de los servicios por los que se puede cobrar y la fijación de estándares de conducta. Todo ello con el objetivo de garantizar que las personas vulnerables que recurren a este tipo de ayuda no queden desprotegidas ni expuestas a prácticas abusivas.
Este intento de regular lo que hasta ahora ha sido una figura semiclandestina o informal refleja una tensión muy presente en los sistemas judiciales contemporáneos: por un lado, la necesidad de garantizar el acceso a la justicia a todas las personas, con independencia de su capacidad económica; por otro, la obligación de proteger la integridad del proceso judicial y evitar que intervengan en él personas no cualificadas que puedan generar perjuicios irreparables.
No se trata de un debate técnico, sino de una cuestión política y social. Cada vez más personas deben afrontarse a procedimientos judiciales sin la posibilidad de contratar un abogado, y figuras como el McKenzie Friend se han convertido en un recurso imprescindible para muchos. Su desaparición o restricción sin una alternativa real podría dejar a miles de ciudadanos en situación de desamparo procesal, pero permitir que cualquier persona pueda ofrecer «apoyo judicial» sin ningún tipo de control tampoco parece una solución aceptable.
El reto está en encontrar un punto intermedio: que la regulación asegure seguridad y profesionalidad, pero que no excluya a quienes actúan con responsabilidad y vocación. El cambio de nombre puede ayudar a redefinir el rol, pero es la regulación la que marcará la diferencia. La figura del McKenzie Friend, tal como se conoce hoy, probablemente evolucionará hacia un modelo más claro y controlado, sin perder su función principal: acompañar y orientar a quienes más lo necesitan.
Maddi Orue Azpiazu
