A primera vista, puede parecer que la medicina y el derecho forman parte de mundos completamente distintos que no se solapan. Sin embargo, ambas comparten el terreno delicado que supone la vida humana, sus límites y sus derechos, y es precisamente en esta intersección donde nace un tipo de texto complejo y sensible: el médico-jurídico. En estos textos confluyen lenguajes altamente especializados, dos tradiciones discursivas milenarias y, sobre todo, dos campos en los que cada palabra tiene un peso ético y consecuencias reales. Traducirlos no es solo un ejercicio técnico, sino un acto de responsabilidad. 

Los textos médico-jurídicos surgen en el punto de encuentro entre la ciencia y la ley. Se trata de documentos que abarcan desde leyes y normativas de salud pública hasta demandas por negligencia médica, informes forenses, consentimientos informados y certificados de defunción. En las últimas décadas, la globalización, el aumento de la cooperación sanitaria entre países, las nuevas leyes sobre derechos del paciente, el aborto o la eutanasia han generado una demanda constante de traductores capaces de mediar entre estas dos disciplinas. Pese a esta realidad evidente, la traducción médico-jurídica sigue siendo una gran desconocida en el ámbito académico y profesional. Apenas existe bibliografía ni formación específica, y la mayoría de los traductores que se enfrentan a estos textos lo hacen desde la especialización previa en solo uno de los dos campos, ya sea en el médico o en el jurídico. Por lo tanto, es evidente que esta situación plantea un dilema ético y práctico que merece ser estudiado. 

¿Quién debe traducir un texto médico-jurídico? 

Esta cuestión, aunque aparentemente simple, plantea un problema sistemático. Los traductores médicos señalan que el discurso jurídico está lleno de «trampas» y ambigüedades imposibles de dominar sin conocimientos de derecho comparado (la disciplina que contrasta leyes, instituciones y procedimientos de distintos países para identificar sus similitudes y diferencias). Por su parte, los traductores jurídicos dicen que enfrentarse a la terminología médica sin formación científica es demasiado arriesgado. No cabe duda de que ambos tienen motivos más que suficientes para defender sus posturas, pero entonces… ¿Quién está capacitado para ocuparse de estos textos? 

Mientras que la traducción médica se apoya en una cultura científica internacionalmente unificada, con el inglés como lingua franca y con normas estandarizadas para designar enfermedades, fármacos o técnicas quirúrgicas, el ámbito jurídico está mucho más fragmentado. Los conceptos legales rara vez tienen equivalentes exactos entre sistemas jurídicos, lo que complica con creces la traducción. 

Uno de los principales retos de la traducción jurídico-médica reside, precisamente, en los matices terminológicos. Términos aparentemente simples como drug pueden alterar por completo el sentido de un texto si no se interpretan correctamente. En contextos médicos, drug suele equivaler a «medicamento», «sustancia» o «fármaco» que se emplea con fines terapéuticos y no supone ningún problema para los traductores especializados en este ámbito. Sin embargo, en la traducción jurídica, drug suele ser tema de debate dada su ambigüedad.  Puede referirse a una sustancia que se emplea con una finalidad recreativa o en relación con una dependencia, por lo que podría interpretarse como «droga» o «estupefaciente». También hay ciertos matices gramaticales que nos pueden indicar a qué acepción se refieren: cuando el término aparece en plural, como en to take drugs, está implícito el consumo de estupefacientes, mientras que cuando se emplea en singular, como en to be on a drug, indica el uso de un fármaco. Estos matices, que pueden parecer mínimos, son cruciales en textos que tienen consecuencias legales directas. 

El problema radica en que los textos médico-jurídicos no pertenecen realmente a ninguno de los dos mundos, es decir, son híbridos. Requieren entender tanto las bases del derecho (y en muchos casos, de varios territorios) como principios médicos. Además, no se trata solo de trasladar términos de una lengua a otra, sino de garantizar que un paciente, un juez o un abogado comprendan con precisión un texto que puede ser de vital importancia. 

Por lo tanto, la traducción de los documentos médico-jurídicos plantea un conflicto ético: traducir un texto de este carácter sin dominar la terminología de ambas disciplinas puede tener consecuencias graves. Una mala interpretación o un término mal empleado pueden alterar el sentido legal de un documento, por lo que surge esta cuestión tan urgente: como traductor, ¿es ético aceptar un encargo de traducción médico-jurídica sin estar formado en ambos campos?